La vivienda no es un privilegio, sino un derecho y también “ese pedacito de patria” que permite a las familias permanecer en sus comunidades, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, durante la entrega de créditos para mejoramiento de vivienda, apoyos para nuevas construcciones, ecotecnologías y escrituras.
Acompañada por el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, Brugada destacó que este programa busca mejorar las condiciones de vida de las familias y evitar que las nuevas generaciones tengan que abandonar sus barrios ante el encarecimiento de la vivienda y las rentas.
Durante el acto se informó que se entregaron 3 mil 196 financiamientos para mejoramiento de vivienda, con una inversión superior a 525 millones de pesos, en beneficio de más de 10 mil personas de las 16 alcaldías.
Los recursos pueden utilizarse para terminar viviendas, colocar pisos, puertas y ventanas, mejorar baños e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, impermeabilizar o ampliar espacios.
A estas acciones se suman 7 mil 759 apoyos para vivienda nueva progresiva, con una inversión cercana a los 187 millones de pesos, destinados principalmente a familias que cuentan con un lote y requieren construir nuevos espacios para sus hijos o nietos.
Brugada explicó que este esquema permite aprovechar los predios familiares para construir uno o más niveles adicionales, siempre de acuerdo con las condiciones técnicas y de uso de suelo.
“Ese pedacito de patria que son las viviendas se fortalezca”, expresó la mandataria, al señalar que este tipo de programas también busca combatir los efectos de la gentrificación y evitar el desplazamiento de familias que han construido su vida en los barrios de la capital.
Nueva estrategia contra el despojo
Uno de los anuncios centrales fue la puesta en marcha de un programa de regularización de vivienda, que comenzará con un censo y diagnóstico de las unidades habitacionales de interés social cuyos habitantes aún no cuentan con escrituras.
La jefa de Gobierno instruyó al secretario de Vivienda para identificar estos casos y establecer un mecanismo accesible y sin excesiva burocracia para regularizar las propiedades.
También anunció una defensoría jurídica para atender problemas relacionados con la propiedad y el patrimonio familiar.
Como parte de esta estrategia, la Consejería Jurídica llevará al Zócalo, una vez por semana, a 100 abogados para brindar asesoría gratuita. Los sectores prioritarios —como adultos mayores, mujeres solas, personas con discapacidad y población en situación de pobreza— podrán recibir además representación legal.
Brugada informó también que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asumió el compromiso de que, cuando exista certeza jurídica sobre la propiedad, un caso acreditado como despojo pueda ser atendido para restituir la propiedad en un plazo de 15 días y que en 30 días pueda emitirse una orden de aprehensión contra los responsables, cuando proceda.
La mandataria aclaró que no todas las denuncias que se presentan como despojo corresponden a ese delito. Explicó que, de nueve denuncias revisadas recientemente, únicamente una correspondía propiamente a un caso de despojo, mientras otras estaban relacionadas con conflictos familiares o situaciones distintas.
También anunció acuerdos con el Colegio de Notarios para facilitar la regularización de propiedades intestadas y reducir los costos que enfrentan las familias para poner en orden sus escrituras.
Crédito sin intereses
Brugada destacó que los créditos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México buscan atender a sectores que normalmente quedan fuera del financiamiento bancario.
Señaló que los créditos para construir nuevos espacios pueden ir de 248 mil pesos hasta 500 mil pesos, mientras que los beneficiarios de mejoramiento deberán realizar pagos mensuales acordes con sus ingresos.
La jefa de Gobierno sostuvo que el objetivo es hacer “justicia financiera” y permitir que las familias mejoren o amplíen sus viviendas sin recurrir a créditos bancarios inaccesibles.
El secretario Inti Muñoz Santini informó que, durante 2026, ya se han autorizado 10 mil 825 acciones de mejoramiento de vivienda, con una inversión acumulada superior a mil 775 millones de pesos.
El gobierno capitalino prevé realizar más de 30 mil acciones de vivienda durante este año, mientras avanza en la construcción de otras 9 mil viviendas y en un programa de adquisición de suelo para vivienda social y asequible.
La meta planteada por Brugada para toda la administración es alcanzar 2.2 millones de acciones de vivienda, de las cuales 800 mil corresponderían a viviendas nuevas.
Para la jefa de Gobierno, mejorar, ampliar, construir y escriturar una vivienda significa mucho más que entregar apoyos: representa proteger el patrimonio, fortalecer el arraigo y garantizar que las familias puedan permanecer en la ciudad.
